El constructor del ‘caso FP’ que salpica al Gobierno de Ayuso dice que Madrid le pagó obras con contratos fraccionados irregularmente
El constructor del ‘caso FP’ que salpica al Gobierno de Ayuso dice que Madrid le pagó obras con contratos fraccionados irregularmente
Resumen generado por IA
El empresario Gabriel Navarro, investigado en el 'caso FP', ha acusado a la administración madrileña de fraccionar ilegalmente contratos para adjudicar obras de reforma de centros educativos a dedo. Según fuentes jurídicas, Navarro declaró que se utilizaron contratos menores para evitar concursos públicos, un sistema que involucró a varias empresas y más de una decena de obras de su compañía, Virelec. La Fiscalía y la Intervención autonómica coinciden en la irregularidad del fraccionamiento de contratos en 2021, 2022 y 2023.
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El empresario Gabriel Navarro, investigado en el caso FP, ha responsabilizado este miércoles a la administración madrileña del fraccionamiento ilegal de contratos empleado para otorgar a dedo obras de reforma de centros educativos, y evitar el concurso público. Así lo aseguran a EL PAÍS fuentes jurídicas conocedoras de su declaración en el juzgado número 39 de plaza de Castilla, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. Tanto la Fiscalía como la Intervención autonómica coinciden en que en 2021, 2022 y 2023 se fraccionaron ficticiamente contratos y facturas para así otorgar a dedo ―a través de contratos menores― una docena de obras que por su cuantía y complejidad deberían haber salido a concurso público ―lo que permite la competencia entre empresas, como manda la legislación―. Un sistema empleado con más compañías que la de Navarro (Virelec), según su declaración de este miércoles, en la que ha dicho que ese fraccionamiento de contratos se produjo también en más de una decena de obras suyas en centros de la Comunidad de Madrid, en las que habría presentado tres presupuestos de diferentes empresas suyas para cada factura.
¿Qué impacto puede tener esta noticia?
Posible investigación y sanciones para los funcionarios involucrados en el fraccionamiento de contratos.
Daño a la reputación del gobierno de la Comunidad de Madrid y de los funcionarios implicados.
Posible revisión y anulación de los contratos otorgados de manera irregular.