La directora de Protección Civil acusa a los presidentes de Galicia, Castilla y León y Extremadura de pedir “imposibles”
La directora de Protección Civil acusa a los presidentes de Galicia, Castilla y León y Extremadura de pedir “imposibles”
Resumen generado por IA
La bajada de temperaturas ha aliviado temporalmente los incendios en el noroeste de España, pero ha intensificado la polémica política. La directora general de Protección Civil acusó a los presidentes de Galicia, Castilla y León y Extremadura de lanzar "discursos ficticios" y pedir "imposibles" al gobierno central en relación a los medios de extinción.
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La bajada de temperaturas ha dado un pequeño respiro en la ola de incendios que está arrasando el noroeste de España, pero no así a la polémica política que la acompaña. La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha acusado a los responsables políticos de las tres comunidades más afectadas ―Galicia, Castilla y León y Extremadura, todas gobernadas por el PP― de lanzar “discursos ficticios” sobre la supuesta falta de medios puestos a su disposición por el Gobierno central para ayudar en la extinción de los incendios. Barcones, que comparecía en rueda de prensa tras celebrarse este miércoles una nueva reunión de Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) en el que ha participado por videoconferencia el presidente Pedro Sánchez, ha acusado sin citarlos a Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y María Guardiola (Extremadura) de pedir “imposibles” al Estado en referencia a la solicitud que hicieron el fin de semana pasado de tropas y medios del Ejército más allá de la Unidad Militar de Emergencias (UME). “Mover bulldozers no se hace en 10 minutos, ni aviones en cinco”, ha recalcado. “No quiero pensar en ningún momento, porque sería muy desalentador, que se están pidiendo cosas que se sabe que son imposibles”, ha añadido.
¿Qué impacto puede tener esta noticia?
Aumento de la tensión política entre el gobierno central y las comunidades autónomas afectadas.
Posible deterioro de la imagen pública de los líderes políticos involucrados.
Mayor escrutinio sobre la gestión de los recursos y la coordinación en la lucha contra incendios.