La inversión pública en prevención de incendios se desploma a la mitad en 13 años

La inversión pública forestal que llevan a cabo anualmente el Estado y las comunidades autónomas para el cuidado global de los bosques ascendía a 1.742 millones de euros en 2009, año en el que se alcanzó la mayor financiación pública para estas actividades. Trece años después, en 2022, esas mismas partidas presupuestarias habían caído hasta los 1.295 millones de euros, un 26% menos. Pero dentro de este capítulo de gasto, el mayor recorte se lo lleva el dinero destinado en concreto a la prevención de incendios, que se ha desplomado más de la mitad en estos años, algo que, según los expertos, está detrás de la proliferación de los fuegos que arrasan el país este verano.

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Quiénes son los responsables

En España, la responsabilidad de prevenir y extinguir un incendio forestal es de las comunidades autónomas, que pueden utilizar para ello distintos modelos de gestión: totalmente públicos, privados o mixtos. No obstante, el Estado también juega un papel fundamental porque es el responsable de coordinar, apoyar y movilizar recursos para hacer frente a determinados incendios forestales de mayor envergadura o peligrosidad. Esta actividad estatal se canaliza a través de la Unidad Militar de Emergencia (UME) dependiente del Ministerio de Defensa. Su aportación principal son los medios de aerotransporte, helicópteros e hidroaviones de gran capacidad de carga (más de 5.000 litros) para la extinción de fuegos, que son pilotados en parte por personal militar. Los medios del Estado también se vertebran a través del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Programa Nacional de Preparación en Incendios Forestales; y también desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales y la dirección general de Protección Civil y Empergencias.  Entre todos estos organismos, en España hay alrededor de 40.000 profesionales preparados para actuar en la lucha contra incendios.