La investigación contra una ONG que acoge a 2.000 menores migrantes en Canarias evidencia el descontrol del sistema

Lo que empezó como una denuncia de malos tratos contra menores migrantes —que tantas veces ha acabado en un cajón—, ha alcanzado esta vez una dimensión inesperada. Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria lidera una investigación que ha puesto contra las cuerdas la gestión de la ONG que más menores migrantes sin familia acoge en las islas. Los testimonios y las evidencias recopiladas en los últimos meses apuntan, entre otros, a la comisión de supuestos delitos de lesiones, de odio y de amenazas en los centros, una realidad que los niños y jóvenes llevan años denunciando sin que las autoridades tomasen cartas en el asunto. Las pesquisas han motivado la intervención de la policía autonómica en dos ocasiones desde mayo. La segunda, este jueves, se ha saldado con la detención de la presidenta de la ONG y otro directivo —que han sido puestos en libertad con cargos, según el diario Canarias 7— y la clausura de un segundo centro de acogida de la organización.

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