Tres vías de corrupción convergen en Transportes y cercan a dos secretarios de Organización del PSOE

Desde que en noviembre pasado el Tribunal Supremo abrió una causa contra el exministro socialista José Luis Ábalos, él ha intentado que la investigación se circunscribiera a las presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Aunque este fue el origen del caso y acaparó las primeras decisiones del instructor, el magistrado Leopoldo Puente nunca perdió de vista la documentación aportada por el empresario y comisionista Víctor de Aldama, que apuntaba al amaño de obras públicas a cambio de comisiones. Puente ha rechazado cada intento de Ábalos y del que fuera su asesor, Koldo García, de impugnar las averiguaciones encaminadas a aclarar qué había de cierto en las denuncias de Aldama. Y, tras varios interrogatorios a testigos de los que no salió nada en claro, un informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 5 de junio confirmó la concesión “a gran escala” de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas.

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